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CASTILLA Y LEóN

Un ejemplo, según la Unión Europea, por el modelo de ayuda a las familias

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Firma de la puesta en marcha del proyecto europeo PACT
Actualizado 03/02/2016 11:25:10
Redacción

Castilla y León ha sido elegida para pilotar un proyecto contra la exclusión social

Nuestra comunidad ha sido elegida por la Unión Europea para pilotar un nuevo proyecto innovador de inclusión social. El trabajo de la Red de Protección a las Familias, realizado en los últimos años, ha servido de aval para que las instituciones comunitarias elijan a Castilla y León para comandar el PACT (proactive case-based targeted model), un modelo especifico de ´gestión proactiva` que tiene como objetivo prioritario mejorar los sistemas de prevención de riesgo de exclusión social.

El argumento para dicha elección ha sido la filosofía y el método de trabajo de la Red de Protección de Familias de la Comunidad, que coincide con las estrategias y planteamientos de la institución comunitaria en lo referente a prioridades en la inversión social. Una red integral que aborda todas las emergencias sociales a causa de la crisis y de la que forman parte diversas asociaciones y organizaciones como Cáritas, Accem, Fundación de Secretariado Gitano o Red Íncola, entre otras muchas, y que en la actualidad cuenta con 23 programas de ayudas.

Para Castilla y León esta es una gran oportunidad para mejorar el modelo de atención a las personas en riesgo de exclusión e innovar en materia de servicios sociales y, así, poder ofrecer una mejor atención a todos aquellos que lo necesiten. Desde su puesta en marcha, en junio de 2013, la Red de Protección de las familias en Castilla y León atiende a una media de 150.000 personas al año y en la actualidad cuenta con más de 300 colaboradores. Para el presente año la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aumentado su presupuesto en un 12,5%, llegando a los 180 millones de euros.

Un proyecto de innovación

PACT trata de crear un modelo específico de gestión proactiva del caso; una iniciativa de innovación en servicios sociales dirigida a ensayar una nueva forma de atención a las personas en riesgo de exclusión social en Castilla y León, que experimentará simultáneamente dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social proactiva. El proyecto potenciará, desde la óptica de la innovación social, la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y la inserción social y laboral.

El presupuesto asignado es de 2,7 millones de euros y durará hasta finales de octubre de 2018, liderado desde la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades. Uno de los principales socios es Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Castilla y León, pero además se encuentran, como socios activos, los ayuntamientos de Valladolid, León y Salamanca y la diputación de Valladolid. Por último la Universidad de Valladolid, a través de su departamento de Sociología y Trabajo Social, realizará buena parte de la evaluación de procesos.

La intención de Bruselas es que esta experiencia se implante en otros cuatro países europeos: Irlanda, Hungría, Portugal y Rumanía. De esta forma el modelo regional cruzará fronteras para convertirse en un referente europeo.

Tercera Comunidad con mejores servicios sociales

Además, según el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León es la tercera comunidad que mejor servicios sociales presta, con una nota de 6,70 puntos, tan solo por detrás de Navarra (segunda con 6,95) y País Vasco (primera con 8,05). El resto de autonomías agrava su suspenso con una media que cae hasta los 4,53 sobre diez en España.

Es la primera vez que la comunidad obtiene una calificación de nivel ´alto` en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC), elevando ese nivel ´medio` que obtuvo en 2014.

En materia de dependencia, aumenta el número de beneficiarios en relación con los solicitantes potenciales, pero empeora el 'limbo de la dependencia', que mide la cuota de personas con derecho a la prestación pendientes de ésta sobre los casos analizados en 2015. La evolución de la ayuda a domicilio incrementa el porcentaje de usuarios beneficiarios pero reduciendo las horas mensuales.

Trabajadores en centros sociales: Uno por cada 2.779 habitantes.

Plazas residenciales financiadas con fondos públicos: 14.881 para un total de 587.000 mayores de 65 años.

Servicio de teleasistencia: 27.920 usuarios.

Plazas públicas para personas con discapacidad: 6.543 en residencias y 9.297 en centros ocupacionales para un total de 152.557 personas.

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