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CASTILLA Y LEóN

UPA-COAG denuncia el "catastrazo abusivo" a las explotaciones agrarias

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UPA-COAG entiende que se quiere recaudar a costa del sector agrario / Foto: Soria Noticias
Actualizado 10/02/2016 18:50:07
Redacción

La Alianza UPA-COAG denuncia la situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias de Castilla y León por la imposición de un "catastrazo abusivo" que se está utilizando para recaudar de forma extrema a costa de los agricultores y ganaderos

La situación es especialmente delicada para profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad, según ha lamentado hoy esta organización profesional en un comunicado.

Además ha recordado que el catastrazo es la aplicación efectiva de un intento del Ministerio de Hacienda por sanear las cuentas de los Ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en toda España en general, y por lo tanto también en los consistorios de Castilla y León.

La Alianza UPA-COAG ha asegurado que las revisiones que se están aplicando son absolutamente desproporcionadas en el caso del Catastro de Rústica, por lo que pedimos a los ayuntamientos de la región que adopten medidas en la aplicación de determinados tipos impositivos que afectan a la actividad ganadera.

"Consideramos que los ayuntamientos tienen que tomar medidas inmediatas para paliar el impacto de este impuesto, sobre todo, en la actividad ganadera, que atraviesa por una crisis acuciante en varios subsectores desde hace años", ha aconsejado.

En este sentido ha animado a los ayuntamientos a dar un paso al frente y bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero.

En este sentido, la Alianza UPA-COAG ha pedido a los ayuntamientos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley que es del 0,3 por ciento del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos), además de aplicar las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el medio rural.

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