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CASTILLA Y LEóN

La Junta protegerá a los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración pública

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El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez
Actualizado 18/02/2016 16:34:55
Redacción

De Santiago-Juárez asegura que la regeneración democrática pasa por "tomar medidas preventivas" y que tienen "prisa" para que este anteproyecto de ley sea aprobado lo antes posible

La Junta de Castilla y León protegerá a los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración Pública Autonómica y dará prioridad a la investigación de los hechos denunciado a través de la apertura de una "información reservada", cuyos datos serán facilitados al Ministerio Fiscal a la vez que habrá sanciones administratorias si el hecho es "infundado o falso".

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las bases que sustentas el anteproyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las denuncias que reciba la Administración Pública Autonómica sobre posibles casos de corrupción. En el documento se establecen las garantías de los informantes. Se protegerá su identidad, en todo lo que pueda llevar a su identificación y en su puesto de trabajo.

De Santiago-Juárez destacó que el texto presentado en el día de hoy es un "anteproyecto pionero" porque no existe ningún texto similar en la legislatura española e incluso en la internacional. "sólo existe en la ley de Integridad Ética Política presentada por el Gobierno de Aragón, pero solo se recoge en un artículo y no en una norma específica", señaló.

El texto inicia ahora su tramitación con la publicación en el Gobierno Abierto, la presentación en la Mesa General del Consejo de la Función Pública y el informe del Consejo Consultivo para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. "La calidad política y la regeneración democrática no es sólo pedir contundencia, sino tomar medidas preventivas para que estos hechos no ocurran", remarcó De Santiago-Juárez, que aseguró tener "mucha prisa" en la aprobación de esta normativa en las Cortes.

Anteproyecto de Ley

El texto, que se estructura en tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, establece que las informaciones de posibles casos de corrupción formuladas por un funcionario se remitirán a la Inspección General de Servicios, que abrirá una "información reservada", a la que se dará carácter prioritario, con un plazo de dos meses o de seis como máximo para investigar los datos comunicados.

La primera protección para el funcionario está en la omisión de los datos que le puedan identificar y en los relativos que puedan conducir a su identificación. Esta protección de la Junta estará vigente también en caso de que el asunto se remita al Ministerio Fiscal. Como excepción, se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen, por lo que se plantea una modificación de la Ley de la Función Pública, en la que se regula una medida similar para los casos de acoso laboral.

El texto incide en que será considerada falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando se detecte de forma manifiesta su falta de fundamento.

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