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Fomento modifica el Reglamento de Urbanismo para impulsar la nueva política de viviendas de la Junta

Fomento modifica el Reglamento de Urbanismo para impulsar la nueva política de viviendas de la Junta

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 03/03/2016 15:48

El consejero, Suárez-Quiñones, asegura que este plan beneficia sobre todo a las zonas más desfavorecidas

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy una modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo e impulsar la nueva política social de en materia de viviendas. En la rueda de prensa posterior, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que el objetivo de este plan es la rehabilitación, regeneración y renovación del parque de viviendas.

Con esta modificación el reglamento se adapta a las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Urbanismo de Castilla y León en 2014. Según el consejero esta nueva resolución beneficiará a las zonas más vulnerables de la ciudad y donde habita más gente en riesgo de exclusión social.

Suárez-Quiñones aseguró que esta nueva política está enmarcada dentro del Diálogo Social y no solo es fruto de la Junta de Castilla y León sino que su desarrollo ha sido posible gracias al esfuerzo de otros colectivos como los ayuntamientos, el Instituto de la Construcción o la Fundación Laboral de la Construcción.

El consejero explicó que esta nueva política tiene un gran impacto económico, así por cada millón de euros que se invierta en la rehabilitación o regeneración se crearán entre 30 y 50 puestos de trabajo.

Suárez-Quiñones expuso que el pasado año la Junta invirtió 1,8 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de comunidades de vecinos. Una cuantía que para 2015 y 2017 superará los siete millones. Destacó que las 23 áreas de regeneración urbanas llevadas a cabo en los últimos años han supuesto una inversión de cerca de 29 millones.

Otro capítulo importante en la nueva modificación es la reforma de la inspección técnica de edificios (ITE), que amplía su ámbito de aplicación en línea con la idea de ir extendiendo poco a poco su implantación; se reformula el contenido del informe de inspección, dándole un contenido mucho más detallado resultante de la experiencia acumulada durante los primeros años de puesta en práctica de la ITE; que crea el registro de informes para mejorar el control de su implantación. Todo ello acorde con la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran áreas funcionales estables en Castilla y León ampliándose la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios en los municipios de igual o más de 5.000 habitantes incluidos en dichas áreas funcionales estables.

Finalmente se incluye un nuevo título VIII, para dedicarlo a la regulación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Los primeros capítulos son específicos para cada tipo de actuación, detallando su objeto, su ámbito, el régimen de suelo aplicable, los criterios de planificación -en particular el contenido de la memoria- y las reglas para su gestión. De modo singular para las actuaciones de regeneración urbana se regula la posibilidad de determinar o habilitar la transferencia de aprovechamiento desde y hacia sectores externos, así como la posibilidad de que sean declaradas 'área de regeneración urbana integrada', quedando así habilitadas para recibir financiación pública de forma preferente. A su vez, las actuaciones de renovación urbana podrán ser declaradas 'área de renovación urbana integrada', con efectos análogos. A lo anterior se añade un capítulo con disposiciones comunes a los tres tipos de actuaciones: se enumera respectivamente los sujetos obligados a participar en las actuaciones y aquellos otros legitimados para hacerlo, y habilita la constitución de entidades urbanísticas colaboradoras ad hoc. Los siguientes artículos arbitran reglas sobre potestades municipales, aumentos de volumen o superficie construida, fomento de las medidas de mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, reglas para las actuaciones por expropiación, etc.

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