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Los parlamentarios del PP analizan los daños que causa a los entes locales la sentencia del Constitucional

Los parlamentarios del PP analizan los daños que causa a los entes locales la sentencia del Constitucional

ZAMORA
Actualizado 11/03/2016 21:50

La retirada de algunas normas de la Ley Montoro perjudicaría a los municipios, que deberían pagar mantenimiento de escuelas y centros consultivos

La Ley Montoro ha sufrido un cierto varapalo por parte del Tribunal Supremo. José María Barrios, diputado nacional, y Javier Faúndez, senador del PP por la provincia de Zamora, analizaron, en rueda de prensa, celebrada en la sede de los populares zamoranos, cómo ha quedado, en la práctica, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y qué efectos tendrá para los ayuntamientos en dos cuestiones fundamentales: sanidad y educación. Además, el senador aseguró que apoyan el mantenimiento de las diputaciones, porque el PP está a favor de medio rural.

Barrios inició la rueda de prensa, afirmando, en su primera intervención, que "diversos medios consideran que la ley queda poco menos que anulada, que ha sido declarada institucional y que, por tanto, la Ley Montoro no entrará en vigor. Pero nada más lejos de la realidad. Si nos paramos a leer la sentencia, dice todo lo contrario, porque la mayor parte de la ley es perfectamente constitucional. Hay una parte que hay que declararla inconstitucional que, básicamente, es un artículo de la Ley de Bases de los 141 que la conforman, y que afecta cuestiones que tienen relación directa con los ayuntamientos, lo cual nos preocupa".

Recordaba el diputado del PP que la Ley Montoro era, ante todo, municipalista, en defensa de los ayuntamientos: "Con la anulación de este artículo, pues alguna de esas cosas que defendía quedan sin la tutela del Estado. En concreto, las que afectan a Zamora son tres. La que habla de las entidades locales menores, la ley decía que las que no presentaran sus cuentas en unos plazos determinados, había que proceder a su disolución. Lo que hacía era regular cuál era el procedimiento para efectuarla. La sentencia dice que hay que presentar las cuentas, pero el Estado no puede entrar a regular el proceso de disolución, dado que es competencia de las comunidades autónomas, que serán quienes regulen ese procedimiento".

Otra segunda parte de la sentencia, que sí afecta a Zamora, se refiere a la garantía que poseían los ayuntamientos respecto a las deudas de las comunidades autónomas: "La ley decía que si un Ayuntamiento tenía pendiente un cobro de una autonomía y esta no pagaba, el Ayuntamiento lo ponía en conocimiento de la administración central y de los recursos que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, le retenía esa parte y se le ingresaba al Ayuntamiento. Ahora, son recursos de distinta procedencia y no pueden compensarse una cosa con la otra. Por lo tanto, el Estado no puede retener recursos de la autonomía para pagar a los ayuntamientos. Eso que era bueno para los municipios, porque había una garantía de cobro, ahora estamos a expensas de que se resuelva entre la autonomía y el Ayuntamiento".

La tercera parte, que afecta de forma negativa a los ayuntamientos, es la de las competencias sanitarias y educativas: "Si las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, serán estas las que se hagan cargo de las mismas. Y, en caso de transferencia a las entidades locales, son las propias autonomías serán que deban regularlas de acuerdo o conforme con los entes locales. Pero nunca será el Estado quien regule ese gasto o ese traspaso de competencias entre autonomía y municipios".

Reconoció, no obstante, que la sentencia "nos queda un poco desamparados a los municipios, pues llevábamos mucho tiempo reclamando a la comunidad autónoma que se hiciera cargo de mantenimiento de colegios y consultorios médicos, ahora se hará cargo la comunidad autónoma si hay acuerdo con los ayuntamientos, pero si no es así, los ayuntamientos correrán con estos gastos en los mencionados servicios".

La sentencia, que afecta a una pequeña parte de la ley, "sí afecta a estas pequeñas cosas que son importantes para los municipios. Entendemos que el Estado no regule, pero si nos parecía importante que tutelara que este gasto que se produce en los ayuntamientos fuese compensado, al cien por cien, por las comunidades autónomas. Y no va a ser así. Ahora decidirán las autonomías", concluyó Barrios.

Por su parte, el senador Javier Faúndez puso sobre la mesa un dato: "Tampoco he podido contrastar con otros ayuntamientos, pero tengo la experiencia de Trabazos, municipio del que soy alcalde, que consta de cinco núcleos de población. Así, el mantenimiento de los consultorios le viene costando unos 9.000 euros al año, cifra de referencia, que incluye servicio de limpieza, energía eléctrica y calefacción y servicio telefónico. Es una cifra orientativa no extrapolable a otros municipios".

Añadió Faúndez que la Junta de Castilla y León hace un año que creó un fondo incondicional que se transfería a los ayuntamientos: "No había condición de gasto, donde se incluían ese tipo de gastos que he mencionados. Pero no era suficiente para abordar todo el coste".

Sin pausa, cambió de tercio el senador popular para hacer frente a las críticas realizadas el jueves por el senador del PSOE José Fernández Blanco que cargó contra las diputaciones y, en concreto, contra la de Zamora, de la que dijo que debería desaparecer como tal institución. Faúndez comentó que "la supresión de las diputaciones lo puso en la mesa Ciudadanos para poder lograr ese pacto, ya fracasado, con el PSOE. Se plantea la supresión como medida de ahorro, porque, según su parecer, se ahorraban cinco mil millones de euros. Es una propuesta que roza el desconocimiento por parte de personas que no conocen la realidad y que nunca han tenido responsabilidad de gobierno y lanzan este tipo de noticias como una ocurrencia, como ocurrió con la supresión de ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes para ahorrar gasto. Además, en esa rueda de prensa se dijo que la supresión de las diputaciones conllevaría la creación de unos consejos provinciales de alcaldes que, me imagino, deberán tener capacidad ejecutiva, porque si solo van a tenerla consultiva, mal servicio haremos a los ciudadanos. Las diputaciones, si no lo saben algunos, prestan una serie de servicios que los ayuntamientos no pueden prestar. Estamos hablando de teleasistencia y ayuda a domicilio, que la Diputación, con un presupuesto de 62 millones de euros, destina una partida de 14 millones de euros. A obras destina cinco millones de euros, al Plan de la Sequía, dos millones; mantenimiento de colegios, parques provinciales, asistencia a municipios?ese tipo de servicios debe seguir prestándolos la Diputación y no una institución que quieren llamar Consejo Provincial de Alcaldes".

Y se preguntó el senador del PP: ¿Qué conseguimos con la supresión de las diputaciones: cogemos a todos los funcionarios y los ponemos de patitas en la calle; pues no, tendrían que pasar a otra institución y seguir prestando su servicio? La pregunta que se hace un ciudadano de a pie es dónde obtenemos el ahorro. Tampoco me planteo un Consejo de Alcaldes, con 248 regidores, tomando decisiones, porque aquello podría ser una jaula de grillos. Me imagino que con el tiempo se delegaría en una serie de personas, que ahora se llaman diputaciones provinciales y en el futuro de otra manera".

Y le pidió a Fernández Blanco, que exigió el jueves la desaparición de la Diputación de Zamora, que, sin tardanza, coja el teléfono y llame al presidente de la Diputación de Soria, que es socialista, "donde ayer se aprobó una moción a favor de las diputaciones, votada por el PSOE, PP y Ciudadanos para que se apoyase sin fisuras el mantenimiento de las diputaciones. Nosotros apoyamos el mantenimiento de las diputaciones porque es seguir apoyando al medio rural, independientemente de quién las gobierne. No vamos a caer en el ridículo de pedir la desaparición de la Diputación de Zamora porque no la gobierno".

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