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La Junta y el CES se alían para intentar que Bruselas amplie el periodo de transición para la minería

La Junta y el CES se alían para intentar que Bruselas amplie el periodo de transición para la minería

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 28/10/2016 16:59

El presidente del CES apunta que "todavía hay tiempo para impulsar una planificación a medio siglo vista que permita una desaparición paulatina de la minería del carbón y su sustitución por otras fuentes energéticas y, paralelamente, otras actividades alternativas que eviten el colapso económico de las comarcas mineras".

El Consejo Económico y Social (CES) -de ámbito europeo- y la Junta de Castilla y León buscan impulsar un frente común, junto con el Gobierno español y los de otros países. Esta alianza, tiene como propósito conseguirun compromiso de Bruselas para establecer un periodo transitorio de cincuenta años para la minería del carbón. Con ello, se pretende revertir el negro panorama que supone el acuerdo de la Comisión Europea, que fija en 2018 el límite para las ayudas al sector.

AMPLIAR EL PERIODO DE TRANSICIÓN: DE 2018 A DOS GENERACIONES

En la sede de Castilla y León del CES se ha manifestado el acuerdo entre éstos y el gobierno y desde el inicio. Minutos después, el presidente del Consejo Ecónomico y Social, Dumitru Fornea, ha procedido a la presentación del dictamen que han elaborado titulado 'Los recursos autóctonos del carbón en la transición energética de la UE'. Entre sus principales conclusiones, subraya la necesidad de tener el cuenta el futuro de aquellas regiones dependientes de esta actividad extractiva. Además, plantea una planificación a largo plazo que abarque dos generaciones, es decir, un horizonte temporal de entre 25 y 50 años.

La consejera de Economía y Hacienda castellanoleonesa -Pilar del Olmo-, ha considerado de "vital importancia" este dictamen, que considera que lo postula como "aliado" de la región. Específicamente, aplaude plantear la subsistencia de la minería del carbón por espacio de otros cincuenta años, "lo que permitiría un periodo transitorio para dar margen a la puesta en marcha de otras actividades alternativas al monocultivo industrial existente en Palencia y León".

No obstante dicho dictamen entra en clara colisión con la decisión 787 adoptada en 2010 de la Comisión Europea. El mismo, obliga al cierre de las minas de carbón no competitivas a partir de 2018 y, además, estipula la devolución de las ayudas por parte de aquellas empresas que decidan seguir con su actividad.

TRANSICIÓN A FUENTES DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

En este sentido, Fornea -presidente del CES- confiesa que cualquier solución al sector llega "ya tarde desde el punto de vista sindical". Sin embargo, apunta que "todavía hay tiempo para impulsar una planificación a medio siglo vista que permita una desaparición paulatina de la minería del carbón y su sustitución por otras fuentes energéticas y, paralelamente, otras actividades alternativas que eviten el colapso económico de las comarcas mineras".

"El carbón es un recurso finito y se tiene que hacer algo en el futuro. Para ello es necesario un diálogo político, social y cívico, para decidir qué va a pasar con esas comarcas afectadas, cuando este recurso vaya cada vez a menos", sostiene el presidente del CES europeo, quien recuerda que en esta situación no sólo se encuentra Castilla y León sino otros países como Alemania, Rumanía, República Checa o Polonia.

URGEN DECISIONES EN EL CONVENIO Y LA FINANCIACIÓN PLURIANUAL

Fornea recuerda que 2018 es la fecha en la que terminan las ayudas al sector y urge tomar decisiones. Afecta a los gobiernos central, regional de aquí y de otros países que, según critica, "hasta ahora han estado callados pero ha llegado el momento de defender los intereses de estas comarcas", y es ahí donde plantea la firma de un convenio entre gobiernos y Bruselas en el que queden plasmadas líneas de financiación para lograr esa transición energética y buscar una solución a los cerca de 4.000 trabajadores que aún mantiene el sector.

"Es preciso un presupuesto plurianual, pues no puedes pagar en un año lo que se necesita para veinte" sentencia. Según indica Dumitru Fornea, "es necesaria una estrategia para salir de este perfil monoindustrial, hacia una fórmula de desarrollo más compleja, pero con más oportunidades para esas comarcas".

COMPATIBLE CON LOS ACUERDOS DE PARÍS, SEGÚN DEL OLMO

Por su parte, Del Olmo advierte de que la Junta no se mantendrá parada. Además del ya aprobado 'Plan de Dinamización de Municipios Mineros', se ha mostrado favorable a hacer causa común con el CES y llevar a Bruselas -con el apoyo del gobierno central- la petición de ese periodo transitorio. Señala que es "plenamente compatible con el Acuerdo de París" en materia de reducción de las emisiones de CO2.

"Es cierto que cuando pase un tiempo la minería -por su carácter contaminante y las emisiones- tendrá que desaparecer. Pero estamos hablando de cincuenta años, un periodo mucho más largo del que nos planteó en 2010 el comisario Almunia que situaba en 2018 el límite para las ayudas al sector y que es una losa que tenemos ahí", lamenta la consejera. Por ello considera que la "clave" está en revertir esa situación y espera que "con la ayuda del CES europeo y del gobierno español, se consiga arrancar de Bruselas un régimen transitorio".

Actualización: EL CONSEJO DE MINISTROS ELEVA EL TECHO DE GASTOS PARA AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN DEL CARBÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto -con cargo a ejercicios futuros- al 'Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras', dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La medida viene a complementar la autorización del pasado viernes para salvar la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas. Éstas, son destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas -incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España-. Con ellas se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional.

Con la autorización de hoy, el compromiso máximo de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, seguidos por los 1,23 millones que se invertirán en 2018 y 2019 y los 616.666 euros de 2020.

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