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'Stop Uranio' une en el Congreso a Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos contra la mina de Retortillo

'Stop Uranio' une en el Congreso a Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos contra la mina de Retortillo

SALAMANCA
Actualizado 16/12/2016 14:50

Desde la plataforma señalan que afectará a 3.000 habitantes y 25.000 encinas milenarias y posiblemente también a agricultores, ganaderos y el turismo. Asimismo, recelan de la legalidad de la obra por estar implicado en la empresa adjudicataria de las obras el ex-político Manuel Lamela.

La plataforma Stop Uranio se reunió el jueves, 15 de diciembre, con Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos en el Congreso para pedir apoyo en la Cámara Baja y evitar la construcción de una mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo. Según señala la plataforma, "los trabajos comenzarán en el mes de marzo del próximo año, a no ser que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no dé su autorización definitiva al proyecto."

Según ha explicado el secretario de la plataforma, José Ramón Barrueco, esta mina "afectará a toda la comarca -conocida como del Campo Charro- que engloba a tres municipios con sus 3.000 habitantes". Han mostrado su rechazo del proyecto "con movilizaciones y con la recogida de más de 100.000 firmas" que se han presentado ante las autoridades estatales y autonómicas, y el grupo Equo - Ecologistas en Acción han interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia sobre el caso.

DAÑO ECOLÓGICO AL ENTORNO DEL DUERO: Afectará a naturaleza, vecinos y turistas

Una de las principales quejas de 'Stop Uranio', "es el daño ecológico y en la salud de las personas que vivirán cerca de la mina". En el primer caso, "corren riesgo los márgenes del río Yeltes, atravesados en el proyecto por una cinta transportadora de mineral, a pesar de estar protegidas por la Red Natura 2000 y consideras Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para aves". También podría afectar a la calidad del río Duero, que pasa por sus inmediaciones. Esta cuestión ha sido denunciada, también, por asociaciones ecologistas portuguesas, ya que la frontera del país luso se encuentra a apenas 30 kilómetros de Retortillo.

Concretamente, "25.000 encinas milenarias serán arrancadas como consecuencia de la explotación minera" según denuncia la plataforma en su manifiesto. Además, "la agricultura y ganadería, base de la economía de la provincia salmantina, se verán perjudicadas; y el incipiente turismo rural instalado en la comarca difícilmente soportarán la actividad tan destructiva para el medio ambiente".

SOSPECHAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS: "Los permisos van llegando después de las obras"

El diputado de Equo Juan José López de Uralde ha calificado la construcción de la mina como "un proyecto escandaloso en muchos aspectos", pues además de las consecuencias medioambientales, sociales y económicas antes mencionadas, está "el componente de capitalismo de amiguetes que hay detrás". Uralde se ha referido así a las sospechas de tráfico de influencias que arrastra esta iniciativa, que fue autorizada por el Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras la contratación de Manuel Lamela -quien fue subsecretario en Agricultura con Loyola de Palacio y el citado Cañete en el Gobierno de José María Aznar- como lobista por parte de la empresa Berkeley, responsable del proyecto.

"Todo el proyecto en sí mismo va al margen de la legalidad, se van haciendo las cosas con una política de hechos consumados: los permisos van llegando después de que las obras se estén haciendo", ha denunciado. Al respecto, Uralde ha registrado en la Cámara Baja una pregunta para el Gobierno en la que pide explicaciones sobre la construcción de esta mina y cuestiona si se va a dar el permiso final para ponerla en marcha cuando aún no se ha resuelto la denuncia que Equo y Ecologistas en Acción, han interpuesto ante la Audiencia Nacional sobre el caso.

OPACIDAD DE LA JUNTA Y EL CSN

Por otra parte el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha denunciado "opacidad" desde la Junta de Castilla y León y también del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "a la hora de mostrar los informes y expedientes relativos a las decisiones, tanto políticas como medioambientales que se han tomado en torno a la mina de uranio de Retortillo".

Serrada ha apuntado "lo más importante es que las reclamaciones que se hacen en este caso llegan desde la gente de la comarca afectada" y ha asegurado que desde el PSOE se harán todas las gestiones posibles para lograr que el Ministerio no dé el sí definitivo a la construcción. Aún así, ha reconocido que "quien tiene la capacidad legal es la Junta".

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