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Se admite la querella por prevaricación contra Luquero y Arahuetes por el parking José Zorrilla de Segovia

Se admite la querella por prevaricación contra Luquero y Arahuetes por el parking José Zorrilla de Segovia

SEGOVIA
Actualizado 16/01/2017 20:03

Según la Unión Temporal de Empresas, el Ayuntamiento de Segovia promocionó el aparcamiento gratuito de Regimiento en perjuicio de la concesionaria. La alcaldesa considera que la querella responde al cumplimiento de las amenazas a las que la empresa ha sometido al Ayuntamiento en las negociaciones para el pago de la liquidación del contrato

El Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia ha admitido a trámite la querella por prevaricación administrativa interpuesta por la concesionaria del Aparcamiento José Zorrilla contra la actual alcaldesa, la socialista Clara Luquero; el primer teniente de alcalde, Alfonso Reguera García, y varios exediles, entre ellos el anterior regidor del PSOE, Pedro Arahuetes, con motivo de la polémica por la resolución del contrato de explotación de dichas instalaciones demandada por la parte querellante.

En su auto, el titular del referido juzgado entiende que los hechos denunciados por la Unión Temporal de Empresas (UTE), Promoción y Gestión de Servicios Urbanos-Pigsur y Construcciones y Obras Llorente (Collosa) presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y, por ello, resuelve incoar diligencias previas.

Tales diligencias tienen su origen en el contrato del aparcamiento José Zorrilla, firmado en el año 2002, que tenía por objeto la construcción y explotación de un aparcamiento público de vehículos de la que se hizo cargo la referida UTE, si bien ésta cerró de forma definitiva el aparcamiento en el mes de mayo de 2016, después de que desde noviembre de 2015 el acceso estuviera restringido a los titulares de plazas cedidas o en alquiler y se suprimieran las de rotación con motivo de las discrepancias entre la concesionaria y el Ayuntamiento.

El conflicto obedece a la consideración por parte de la UTE de que el Ayuntamiento de Segovia había incurrido en un incumplimiento grave de las condiciones del contrato por haber promocionado, según la concesionaria, el aparcamiento gratuito del Regimiento, próximo al parking subterráneo de José Zorrilla, y por ello reclamaba un reequilibrio económico para compensar las pérdidas que no fue atendido por la institución local.

CONTRATO RESUELTO

Así, el 22 de febrero de 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia declaró resuelto el contrato por causa imputable al Ayuntamiento, a la vez que obligaba al Consistorio a incoar el expediente de liquidación y a indemnizar por el valor de las inversiones realizadas y por los daños y perjuicios causados, que globalmente la parte reclamante cifra en unos 10 millones de euros.

Dicha resolución de primera instancia fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que desestimó íntegramente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento mediante sentencia de 15 de julio de 2016, al tiempo que inadmitió el incidente de nulidad de sentencia presentado contra aquella el 15 de septiembre del pasado año.

La UTE Aparcamiento José Zorrilla ha venido insistiendo hasta ahora en el daño causado por la pasividad y omisión de sus obligaciones por parte de autoridades y personas concretas, por lo que, amén de las posibles indemnizaciones que habrán de salir de las arcas del Ayuntamiento, ya anunció en su día que haría todo lo posible para que en última instancia fueran los responsables municipales los que asumieran sus obligaciones, también económicas, derivadas de sus actos como representantes públicos.

REACCIÓN DE LA ALCADESA DE SEGOVIA

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha vinculado la querella que presentó contra ella, el anterior alcalde y cuatro concejales la concesionaria del aparcamiento de José Zorrilla, ahora admitida a trámite por el juez, responde al cumplimiento de las amenazas y el chantaje al que la empresa ha tratado de someter al Ayuntamiento en las negociaciones para el pago de la liquidación del contrato de explotación del subterráneo y se mostró tranquila ante el proceso judicial porque “hemos cumplido lo que nos han dicho los técnicos y nos hemos ceñido a la ley”.

Luquero considera que no hay prevaricación posible y confía en que el estudio de los informes remitidos al juez desde la Secretaría del Ayuntamiento sirvan para que se cierren sin más consecuencias las diligencias, aunque sí reconoció que la mera admisión a trámite de la denuncia la somete a un desgaste político por la denominada “pena de telediario” al estar su nombre y el del resto de señalados vinculado a una querella criminal.

La empresa estaría urgiendo al pago de la liquidación de la deuda, que calculan en 10 millones de euros, mientras que los informes municipales reducen esa cantidad en torno a un millón de euros, que será la cifra que aparezca en los próximos presupuestos municipales “y que querían ya”, según dice la alcaldesa, quien sostiene que “pagaremos lo que diga la ley y en los plazos que marca la ley”.

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