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Alberto Esgueva, declarará este jueves como como investigado por la 'trama eólica'

Alberto Esgueva, declarará este jueves como como investigado por la 'trama eólica'

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 14/06/2017 17:11

Fiscalía Anticorrupción mantiene que se lucró con 47,1 millones de euros tras revender a Iberdrola acciones por distintos parques eólicos.

El que fuera director de ADE Internacional EXCAL entre 2003 y 2006, Alberto Esgueva, comparecerá este jueves, 15 de junio, en el Juzgado de Instrucción número 4 para declarar en calidad de investigado por la denominada 'trama eólica' que tiene en el 'punto de mira', por el momento, a una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Junta, por el pago de comisiones de 80 millones de euros por la tramitación de parques eólicos entre 2000 y 2015.

Fiscalía Anticorrupción imputa a Alberto Esgueva, hoy con negocios inmobiliarios en Polonia y también inmerso como investigado en el caso de 'La Perla Negra', el cobro de 47,1 millones de euros con motivo de las operaciones supuestamente delictivas desarrolladas al amparo de la 'trama eólica'.

En concreto, Alberto y su hermano Francisco, también investigado en ambas causas, compartieron con Iberdrola la empresa Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por Biovent Holding, filial de la eléctrica, y en un 40 por ciento por el Grupo San Cayetano, mercantil de los Esgueva.

Esta última habría obtenido de su socia--a través de Biovent y de Ibercyl, ambas filiales de Iberdrola--más de 47 millones de euros después de que, una vez logrado entrar en el accionariado de la eléctrica y obtenidas de la Junta las autorizaciones de distintos parques, revendieran sus acciones a la eléctrica en el marco de una operación que inicialmente tan sólo supuso para ellos un coste de 24.000 euros.

Y es que la querella de Anticorrupción recoge de forma taxativa la convicción de que los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, se veían obligados a ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que se exigía fuera próxima al 40%, y es ahí donde, supuestamente, entraban en escena mercantiles cuyos responsables eran del círculo de amistades del entonces viceconsejero y luego secretario general de Economía, Rafael Delgado.

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