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La Comisión de Transparencia recibió 72 reclamaciones por ausencia de respuesta a peticiones

La Comisión de Transparencia recibió 72 reclamaciones por ausencia de respuesta a peticiones

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 24/07/2017 16:44

El órgano de publicidad activa recogió 102 reclamaciones, más del 70% dirigidas a la Administración Local, durante el pasado año

La Comisión de Transparencia recibió durante el pasado año un total de 102 reclamaciones tras ser denegadas solicitudes de información pública por parte de los ciudadanos a las administraciones públicas de Castilla y León.

Este órgano encargado de velar por el cumplimiento las obligaciones de publicidad activa y de garantizar la eficacia del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, recogió 72 reclamaciones, más de un 70% del total, frente a ausencias de respuesta a peticiones de información.

Según consta en la primera Memoria del Comisionado relativa al año 2016, la Administración Local es a la que corresponde un mayor número de reclamaciones (un 72% de las recibidas) mientras que un 14% de las reclamaciones se interpusieron frente a la actuación de la Administración autonómica.

Además, en 66 de esas reclamaciones se ha adoptado algún tipo de Resolución por la Comisión; 40 de ellas han sido estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ha ordenado a la Administración o Entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso y en ocho más se ha constatado que, una vez presentada la reclamación por el ciudadano e iniciada la tramitación de la reclamación por la Comisión, la administración ha procedido a conceder la información solicitada.

En la Memoria presentada se incluye un resumen de los criterios utilizados por la Comisión para resolver las reclamaciones, en materias como el acceso a la información relacionada con los empleados públicos, los datos relativos a actuaciones inspectoras o sancionadoras llevadas a cabo por la Administración, la información urbanística o el acceso al contenido de los acuerdos de las corporaciones locales.

Según han recordado desde este organismo, las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia, órgano colegiado adscrito al Procurador del Común, son vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, a diferencia de las resoluciones del Procurador del Común, y tras su dictamen sólo resta la vía contenciosa administrativa. El grado de cumplimiento de las resoluciones asciende al

70 por ciento.

Más reclamaciones en 2017

Por otro lado y a falta de más de cinco meses para que finalice el año, la Comisión de Transparencia ha recibido más reclamaciones que en 2016 y se han adoptado 74 resoluciones, 8 más que el pasado año.

Además y para cumplir el mandato específico de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la Memoria incluye una parte en la que se ha tratado de realizar un informe general sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información.

En Castilla y León hay más de 5.000 entidades obligadas a cumplir con los parámetros de publicidad activa. "Con este fin, se escogió muestra de administraciones y entidades obligadas por la normativa de transparencia a las que se remitió unos cuestionarios de autoevaluación acerca de la observancia de las exigencias previstas en las leyes estatal y autonómica", han explicado las mismas fuentes.

A la vista de los cuestionarios recibidos se ha concluido que existe un "cumplimento elevado" por parte de las administraciones y entidades afectadas pero es "excepcional" el cumplimiento íntegro de dichas obligaciones, en especial en relación con las características de claridad, accesibilidad, actualización, reutilización y adecuación para personas con discapacidad, que debe reunir la información publicada.

En cuanto al acceso a la información, se ha observado que todavía es reducido el número de solicitudes de acceso a la información pública que se presentan y tramitan como tales, "si bien este dato puede deberse a que no todos los supuestos en los que un ciudadano se dirige a una Administración en solicitud de información se computan como tales solicitudes, ni dan lugar a la aplicación de la normativa de transparencia", concluyen desde este organismo.

La Comisión de Transparencia sí se observa que cuando las peticiones se encauzan debidamente hacia el procedimiento de ejercicio de este derecho, en la mayoría de los casos se acaba proporcionando la información pedida.

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