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SOCIEDAD

Una plantilla reducida y envejecida y la masificación de presos llevan a las prisiones al “colapso”

Ignacio Hernández, el secretario nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias./ Foto: Europa Press.
Ignacio Hernández, el secretario nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias./ Foto: Europa Press.
Actualizado 07/08/2017 12:32:15
Redacción

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias se ha manifestado en Valladolid contra la gestión “indecente”

Las cárceles españolas están al borde del “colapso”, como ha criticado el secretario nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Ignacio Hernández, debido a la gestión “indecente” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Una situación que viene dada por el hacinamiento de la población reclusa y la reducción y envejecimiento de las plantillas de funcionarios de los distintos penales.

Así lo ha denunciado Hernández durante la concentración que media decena de representantes de Acaip ha protagonizado ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, donde además han instalado una mesa informativa para exponer a los ciudadanos sus principales reivindicaciones, las mismas que ya en el mes de mayo les llevó a presentar conflicto colectivo y a iniciar un calendario de movilizaciones en el que se encuadra el acto celebrado hoy.

El sindicato, mayoritario en el sector, persiste en la necesidad de convocar "ya" una oferta pública de empleo para cubrir más de 3.500 plazas necesarias que sumar a los cerca de 22.000 funcionarios que hoy en día se encargan de atender las cárceles españolas, ya que, como así ha criticado Hernández, sigue sin ocuparse el 15% de vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuando además éstas ya fueron "recortadas" por Instituciones Penitenciarias.

Así, continúa Hernández, muchas cárceles cuentan hoy con un funcionario por departamento para más de 80 internos, "cuando tendría que haber entre tres y cinco", a lo que se añade el problema de la falta de profesionales adecuados-psicólogos, médicos...-para facilitar la tarea de reinserción de los presos asignada a los funcionarios

El recorte de plantillas, su envejecimiento, con una media de edad de 54 años, y la masificación de las cárceles constituyen una "mezcla explosiva" que "sólo la profesionalidad de los trabajadores está permitiendo afrontar", añade el responsable provincial de Acaip, Jesús Crego, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, pone como ejemplo de esta situación el hecho de que, en la prisión de Valladolid, con una RPT de 286 empleos, siguen vacantes 41 y la población reclusa se eleva a casi 500, cuando la capacidad del penal es de 365 presos.

Más de 360 agresiones

"Estamos hablando de una tasa de hacinamiento de casi el 135 por ciento", apunta Crego, quien sostiene que esta situación la sufre la mayor parte de las prisiones españolas y es el origen de las más de 360 agresiones registradas en 2016, "casi una media de una diaria", mientras que en el penal vallisoletano se contabilizaron cerca de 40.

La progresiva privatización del sector, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de adaptar su salario a las nuevas funciones hoy asumidas forman parte también de la tabla reivindicativa de Acaip, cuyos responsables han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta conseguir su objetivo.

En el caso de Castilla y León, Acaip ya denunció hace unos meses un déficit de funcionarios cifrado en 388, que son las vacantes que quedan por cubrir -el 14,62%- si se tiene en cuenta que en las ocho cárceles de Castilla y León trabajan 2.169 efectivos y, en cambio, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) se sitúan en 2.557 plazas.

Pero, además, recuerda que en los próximos cuatro años las plantillas de las cárceles de Castilla y León podrían verse mermadas en un total de 1.500 efectivos, resultante del pase a la segunda actividad a los 57 años de buena parte de los funcionarios, lo que impide a éstos seguir con tareas de vigilancia con los internos y reduce su actividad a labores meramente administrativas.

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