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CASTILLA Y LEóN

La Junta defiende la legalidad de su decreto de alojamientos turísticos

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Actualizado 07/09/2017 16:58:52
Redacción

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia cree que es "contrario a la competencia"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los decretos tanto de Castilla y León como de Galicia, al considerar que la legislación aprobada en dichas autonomías es contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente.

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha defendido la legalidad del decreto regional sobre alojamientos turísticos y ha sostenido que la norma aprobada "no vulnera la legalidad" y "no perjudica a nadie", al tiempo que ha defendido que "beneficia a los usuarios".

Por ello, ha asegurado que el Gobierno castellanoleonés defenderá su postura ante los tribunales, después de que la CNMC afirmara estar legitimada para impugnar ante los tribunales las disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

Con objeto de mejorar la norma evitando la impugnación, el organismo encargado de velar por la competencia remitió el pasado 7 de abril sendos requerimientos previos a la Xunta de Galicia y a la Junta de Castilla y León. En dichos requerimientos se argumentaban los diversos artículos contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente en el Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.

En el caso de Castilla y León, se solicita al tribunal que elimine por injustificados y perjudiciales a la competencia la inclusión de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos; la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones de precios que pueden ser empleados como precios de referencia, además de la existencia de un catálogo exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos, la exigencia de un distintivo en el inmueble, la obligatoriedad de asistencia telefónica 24 horas (sin permitir vías alternativas de atención a los usuarios), la prohibición de cesión por habitaciones y la fijación de criterios temporales para limitar la estancia.

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