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Juzgan en Valladolid a un matrimonio rumano por extorsión y explotación laboral

Juzgan en Valladolid a un matrimonio rumano por extorsión y explotación laboral

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 13/01/2018 12:19

La Audiencia de la ciudad juzga a dos personas por explotar laboralmente y extorsionar durante seis años a un compatriota rumano.

Un matrimonio rumano será juzgado en Valladolid este martes por haber explotado laboralmente presuntamente a lo largo de seis años a un compatriota, a quien pagaron el viaje a la ciudad y a quien retuvieron todo el dinero que ganó en concepto de hospedaje y gastos alimenticios.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el Ministerio Fiscal tipifica la conducta del matrimonio como un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de extorsión, de ahí su petición para cada uno de ellos de tres años y medio por el primero, junto con una multa de 2.160 euros, y por el segundo otros cuatro años de privación de libertad, según informa Ep.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2008, cuando Ilie C. contactó en Bucarest con la supuesta víctima, Marin P, a través de familiares no identificados y le propuso trasladarse a Pozaldez (Valladolid) para trabajar en el campo con promesas de obtener importantes sumas de dinero, lo que convenció a éste debido a la precaria situación por la que atravesaba.

Finalmente, personas afines a Ilie C. sufragaron el importe del viaje aéreo de la víctima hasta Madrid y desde allí por carretera al domicilio del acusado en Pozaldez, donde fue informado de la obligación que tenía de pagar la deuda de 1.400 euros generada por el viaje desde Rumanía, más los gastos de alojamiento y manutención, mediante distintos trabajos agrícolas.

Pese a que el recién llegado terminó saldando la deuda, el acusado y su esposa, que, según la acusación pública, estaba al corriente de todo y, además, ejerció funciones de vigilancia y control sobre Marin P, le advirtieron de que la situación no cambiaba, le arrebataron la documentación y le comunicaron que tendría que seguir trabajando para ellos, situación que persistió hasta julio de 2014.

Fue ese verano cuando el denunciante, ayudado por otra persona de su nacionalidad, aprovechó un viaje de Ilie C. a su país para abandonar el domicilio y poner el 28 de julio su situación al corriente de la policía. Tal era su aislamiento y desarraigo que para presentar la denuncia tuvo que recibir la ayuda de un intérprete.

El Ministerio Fiscal sostiene que durante el periodo de supuesta explotación al que se vio sometido la víctima, ésta llegó a ser golpeada por el acusado cuando le comunicó su intención de poner fin a esa situación.

Además, el acusado obligó, supuestamente, a Marin P. diversos documentos, entre ellos la trasferencia de un turismo para que este último figurara como propietario del mismo a los efectos de eludir cualquier sanción, y ello a pesar de que el coche tan sólo lo conducía el procesado.

También, y debido a que por las deudas acumuladas no podía firmar contratos con los empresarios que les pudieran contratar, el procesado dio de alta a la víctima en el régimen de autónomos del INSS, generando durante 151 días una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 4.920 euros.

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