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POLíTICA

Begoña Hernández y Martín Tobalina declaran hoy por el caso "Itevelesa"

Martin Tobalina
Carlos Martin Tobalina
Actualizado 30/01/2018 06:33:29
Redacción

Ambos comparecen como acusados por un caso de prevaricación administrativa al modificar las tarifas para la ITV

Este martes están llamados a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid la que fuera viceconsejera de Economía entre 2007 y 2015, Begoña Hernández, y el actual director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, que acudirán como investigados por prevaricación en el caso de las tarifas de Itevelesa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León.

Las diligencias se enmarcan en la querella presentada contra los dos citados y el ya fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, por parte de la sociedad patrimonial Amitjugoett A.B, con acciones hasta el 2 de noviembre de 2015 en Itevelesa, grupo que ya a primeros de año precisó que nada tenía que ver con el presente procedimiento y que las acciones habían sido iniciadas a título particular por su antiguo accionista, informa Ep.

La querella, tras la cual se encuentra la familia Rodiño, fundadora de Itevelesa en 1982, fue inicialmente sobreseída por el juzgado a través de un auto de fecha 16 de diciembre de 2016 revocado posteriormente el 25 de octubre del pasado año por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.

La querellante, con sede en Suecia, en su condición de exaccionista en Itelevesa al 15,9%, situaba a los tres querellados como principales responsables del perjuicio económico derivado de la modificación a la baja de las tarifas por el servicio de ITV que prestaba Itevelesa, con pérdidas cifradas en un total de 36 millones de euros.

Entre dicha operadora y la Junta se formalizaron una serie de contratos a partir del año 1989 en virtud de los cuales la primera recibió la adjudicación de la explotación de las estaciones para la realización de la ITV, todo ello conforme a unas determinadas cláusulas y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

La adjudicataria había realizado un estudio previo de los márgenes de explotación y de las previsiones de rentabilidad que podía reportarle la explotación de tales concesiones, aunque admitiendo el principio de "riesgo y ventura" inherente a los contratos de concesión administrativa.

La querella sostiene que por resoluciones de 2 de julio de 2012, 3 de diciembre de 2013 y 10 de abril de 2014, todas ellas firmadas por el entonces director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo, Carlos Martín Tobalina, se acordó mantener las tarifas para los años indicados, lo que, según la querellante, perjudicaba claramente sus intereses.

Los correspondientes recursos de Itevelesa fueron desestimados en alzada por resoluciones firmadas por Begoña Hernández, entonces viceconsejera de Economía, si bien los posteriores recursos de la afectada fueron estimados por la jurisdicción contencioso-administrativa, habiéndose condenado a la Junta de Castilla y León a pagar indemnizaciones millonarias en favor de la perjudicada.

La querella implicaba también al entonces máximo responsable de la cartera de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, por modificar unilateralmente, a través de una orden de 7 de octubre de 2014, los contratos de concesión del servicio de ITV, aplicando a los mismos una rebaja de un 20% en las tarifas y modificando el sistema de actualización de las mismas, que pasó a ser discrecional por parte de la Junta.

En ausencia de Villanueva, la juez del caso ha solicitado a la Junta de Castilla y León que designe a un responsable--así lo pedía la Audiencia Provincial al reabrir el caso--que pueda dar explicación de los motivos que llevaron al fallecido a firmar la orden que rebajó las tarifas un 20%.

Dicha actuación, a juicio de la concesionaria, supuso un grave perjuicio para sus intereses, cifrado en más de 36 millones de euros, y fue adoptada contraviniendo la normativa, de ahí que la acción civil derivada del delito la dirija la querellante a la Junta de Castilla y León.

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