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FAPE insta a Gobierno y CC.AA. a habilitar a los periodistas docentes de Literatura y Lenguas para impartir la materia

FAPE insta a Gobierno y CC.AA. a habilitar a los periodistas docentes de Literatura y Lenguas para impartir la materia

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 24/09/2018 19:18

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado este lunes al Gobierno y a las comunidades autónomas a que resuelvan "de forma definitiva el problema" de los periodistas docentes de Literatura y Lenguas.

Según ha recordado, el decreto de 2010 --modificado parcialmente en 2015-- excluyó a los periodistas de dichas enseñanzas "con el peregrino e injustificado argumento de que el periodismo había pasado a ser considerada una carrera de Ciencias Sociales y Jurídicas en lugar de Humanidades".

En este sentido, la organización ha criticado que aquel cambio normativo "produjo de hecho el envío al paro de centenares de periodistas" que habían estado impartiendo dichas materias "sin problema alguno, ya que previamente habían cursado el máster de Formación del Profesorado".

La FAPE se ha reunido con los principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como de parlamentos autonómicos que, según ha indicado, han mostrado su interés por buscar "una rápida solución a este problema".

Aunque ya hay iniciativas parlamentarias en marcha, la organización considera conveniente que sea la próxima Conferencia Sectorial de Educación la que adopte una posición sobre la modificación del decreto vigente.

De este modo, la FAPE y la Plataforma de Profesores Periodistas Docentes de estas materias abogan por que la Conferencia acuerde incluir varios criterios para la habilitación definitiva de los licenciados o graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual (más adelante en la rama de Comunicación) como profesores de ESO y Bachillerato en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras.

En concreto, quieren que el Máster de Formación del Profesorado en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras al que tuvieron acceso y admisión los licenciados o graduados en la rama de Comunicación, tenga carácter habilitante.

Además, solicitan que el Ministerio de Educación y Formación Profesional habilite y capacite de forma definitiva, mediante la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para el ejercicio de la docencia en centros docentes privados o concertados en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras con el respectivo certificado de idiomas, así como para poder optar a las bolsas extraordinarias de las especialidades mencionadas anteriormente.

Para ello, se instará a las comunidades autónomas a que, en el ejercicio de sus competencias, modifiquen los decretos autonómicos que rigen dichas bolsas para poder dar acceso a los habilitados.

También solicitan que las CC.AA. reconozcan el tiempo de servicio de los licenciados o graduados en la rama de Comunicación que trabajaron en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010 hasta la actualización del mismo en el RD 665/2015 o a posteriori, como en ha sucedido Andalucía, Madrid, Asturias o Cataluña.

Por otro lado, ambas entidades apuestan por que el Ministerio aplique la disposición adicional primera del Real Decreto 860/2010, vigente en el Real Decreto 665/2015 en términos no restrictivos, habilitantes y con carácter extensivo para todos aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que, desde 2010 hasta la actualidad, estén trabajando en centros privados o concertados en las citadas materias con el visto bueno de la Inspección General y las CC.AA.

Asimismo, piden que los obtuvieran el extinto Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras antes del curso 2009/2010, tengan el mismo tratamiento que los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado (MFP/MAES) ofrecido por las universidades españolas.

Finalmente, solicitan que el Ministerio de Educación informe a las autonomías, delegaciones territoriales de Educación y patronales de centros concertados y privados sobre las instrucciones del proceso de obtención de la certificación mediante la Directiva 2005/36/CE y así se unifiquen los criterios en todo el territorio español.

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